¿Una legislatura perdida? (V) Sira Rego, el ministerio más pequeño y el debate más difícil

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Último ministerio y último capítulo de ¿Una legislatura perdida? Juventud e Infancia es un ministerio nuevo, creado en 2023, y casi sin competencias propias. La protección de menores la gestionan las comunidades autónomas. Con ese punto de partida, Sira Rego se ha encontrado con el debate más envenenado de la legislatura: qué hacer con los niños y adolescentes migrantes que llegan solos a Canarias, Ceuta y Melilla.

Sira Rego lo tiene claro: niños, no cromos

En 2024, Canarias tenía más de 5.000 menores migrantes no acompañados en un sistema pensado para muchos menos. El primer intento de repartirlos entre comunidades se hundió en el Congreso con los votos de PP, Vox y Junts. En marzo de 2025, el Gobierno aprobó un real decreto-ley que hace obligatorio el reparto cuando un territorio está desbordado, y esta vez Junts lo convalidó. En verano llegaron los decretos que lo ponían en marcha: unos 4.000 menores desde Canarias y 400 desde Ceuta, con criterios objetivos de población, renta y esfuerzo previo de cada comunidad. El Estado paga los traslados y los tres primeros meses de acogida, y compensa a los territorios con sobreocupación. Diez comunidades del PP y Castilla-La Mancha lo recurrieron al Constitucional.

A la vez, el Tribunal Supremo obligó al Estado a hacerse cargo de un millar de menores que querían pedir asilo y llevaban más de un año en Canarias sin poder hacerlo. El Gobierno tardó en cumplir, y el tribunal se lo reprochó. Las organizaciones de infancia, con Unicef a la cabeza, pidieron despolitizar el reparto.

Escuchar a los niños

En mayo de 2026, el Consejo de Ministros aprobó la ampliación de la LOPIVI, la ley de 2021 contra la violencia hacia la infancia. Hasta ahora, la ley solo obligaba a escuchar a los niños mayores de 12 años en los procesos que les afectan, como un divorcio o una custodia. La reforma elimina ese límite. Además, amplía en diez años la prescripción de los delitos sexuales contra menores: el plazo empezaría a contar cuando la víctima cumple 45 años, no 35, porque muchas víctimas tardan décadas en poder contarlo. También convierte a los niños víctimas de violencia sexual en titulares plenos del Estatuto de la Víctima.

Menores y pantallas

La ley de protección de menores en entornos digitales la lideraba Justicia, pero Juventud e Infancia participó en su redacción y es quien debe dirigir la Estrategia Nacional que la acompaña. La ley sube a 16 años la edad mínima para abrirse una cuenta en redes sociales y obliga a los fabricantes a incluir controles parentales gratuitos. PSOE y Sumar pactaron que los menores de 16 no puedan acceder a plataformas con contenido dañino ni siquiera con permiso de sus padres.

Lo que se queda por el camino

Con la disolución de las Cortes decaen tanto la ley de entornos digitales, que seguía en la Comisión de Justicia, como la ampliación de la LOPIVI. El real decreto de estándares del sistema de acogida debía priorizar las familias de acogida frente a los centros, porque hay más de 1.200 niños de entre 0 y 6 años viviendo en residencias. Y la prestación universal por crianza de 200 euros al mes por hijo, que Rego, Díaz y Bustinduy defendían como la forma de reducir a la mitad la pobreza infantil, nunca llegó a los presupuestos.


Fuentes

Niños, no cromos

Escuchar a los niños

Menores y pantallas

Lo que se queda por el camino

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