¿Una legislatura perdida? (I): Bustinduy, o para qué sirve estar en el Gobierno

Fotografía de Pablo Bustinduy del Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

Cuando uno se suele informar de política más allá de titulares y de la cultura del zasca, nota la gran diferencia de lo que ve que se realiza realmente, respecto de lo que percibe una gran parte de la gente. Es algo común cuando tenemos un doble problema de información. Por una parte medios de comunicación controlados claramente por intereses partidistas. Por otra, las redes sociales, donde prima el titular y la cultura del zasca, y siento repetirme. Ahí ganan espacio perfiles como los de Rufián y Emilio Delgado, que, más allá de una oratoria interesante, no es que sean los políticos que más hayan aportado en términos de legislaciones y propuestas.

En fin, para arreglar un poco esto, pondremos un granito de arena, que puede ser muy útil si ayudáis a difundirlo. No hay un orden específico en lo que se ha seleccionado.

Pablo Bustinduy (Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030)

Si hay un ministerio que desmiente la idea de que Sumar “no ha hecho nada”, es el de Pablo Bustinduy. Tiene dos caras: la social, con la reforma de mayor calado de la legislatura, y la de Consumo, que se ha convertido en algo poco habitual en España: un regulador que multa a las grandes empresas en lugar de mirar hacia otro lado.

La refundación de la dependencia

El logro más importante de la legislatura de Bustinduy llegó en julio de 2026, cuando el Congreso aprobó la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, con Vox como único voto en contra. Es la primera gran reforma del sistema en veinte años, y llega acompañada de la mayor inversión social de la legislatura: 6.200 millones adicionales entre 2026 y 2027. Con ellos, la aportación del Estado a la dependencia pasa a 5.513 millones en 2026 y 7.239 en 2027. Es un 423% más que en 2020 y un 124% más que al inicio de la legislatura.

Gráfico de líneas titulado "Evolución inversión AGE SAAD 2007-2027", con el eje vertical en millones de euros (de 300 a 7.300) y el horizontal en años (2007-2027). La línea azul sólida muestra el histórico: parte de 306,7 millones en 2007, sube hasta un pico en 2010, desciende hasta 2014, se estabiliza en torno a 1.300 millones hasta 2020 y luego crece hasta 3.757,7 millones en 2025. Una línea naranja discontinua proyecta un fuerte aumento hasta 5.513,8 millones en 2026 y 7.239,4 millones en 2027.

Para entender el salto hay que mirar atrás. La ley de dependencia nació con la promesa de que el Estado pagaría la mitad, pero tras los recortes de la década pasada su aportación llegó a caer por debajo del 16% en 2020, mientras las comunidades cargaban con el resto. Con esta reforma, el 50% queda blindado por ley y se alcanzará en 2027.

Gráfico de líneas titulado "Aportación del Estado", con eje vertical en porcentaje (15%-55%) y horizontal en años (2012-2027). La línea azul sólida parte de 20,10% en 2012, baja hasta un mínimo en 2020 (en torno al 15%), repunta hasta el 28% en 2023 y se estabiliza cerca del 26% hasta 2025. Una línea naranja discontinua proyecta un salto a 40,50% en 2026 y 50% en 2027.

El dinero se nota directamente en lo que recibe cada persona, sobre todo quien más lo necesita. El nivel mínimo que aporta el Estado sube de 76 a 90 euros en el grado I. En el grado II se duplica, de 130 a 260 euros, y en el grado III pasa de 290 a 660 euros. Según los datos del ministerio, la lista de espera ya se ha reducido a la mitad desde 2020, de más de 311.000 personas a unas 152.000. En el mismo periodo, las prestaciones reconocidas han pasado de 1,08 a 1,68 millones.

Gráfico de barras horizontales titulado "Cuantías por grado", comparando 2025 (azul) y 2026 (naranja). Grado I: de 76€ a 90€. Grado II: de 130€ a 260€. Grado III: de 290€ a 660€. Muestra un incremento notable en las cuantías de todos los grados, especialmente en Grado II y III.

Pero la reforma no es solo de financiación, sino de modelo. Se trata de pasar de un sistema asistencialista a uno que garantice cuidados en casa y en la comunidad, para que cada persona pueda vivir donde quiera. Por eso el plazo para reconocer la dependencia se reduce a la mitad, la teleasistencia pasa a ser un derecho universal y se prohíben las sujeciones físicas y químicas. Esto quizá no se lleve un zasca viral, pero cambia la vida de cuatro millones de personas.

Dos gráficos de barras horizontales comparativos por año (2020 a may-26). A la izquierda, "Lista de espera": desciende de 311.445 en 2020 a 151.726 en mayo de 2026 (última barra en naranja). A la derecha, "Prestaciones reconocidas": aumenta de 1.084.209 en 2020 a 1.682.785 en mayo de 2026 (última barra en naranja). Las barras azules representan los años anteriores.

Vivienda: a por los pisos turísticos ilegales

El 21 de noviembre, activistas por el derecho a la vivienda empapelan una oficina de Alquiler Seguro para denunciar que se está saltando la Ley de Vivienda.

Consumo no tiene competencias de vivienda, pero Bustinduy ha usado las que sí tiene, las de publicidad engañosa, para atacar uno de sus problemas. Primero abrió expediente a Airbnb por negarse a retirar anuncios sin licencia. Después la justicia le ordenó bloquear 5.800, y al final la plataforma acabó retirando 65.000. La multa de 64 millones que le impuso ha sido respaldada por los tribunales. Lo mismo con Booking, obligada a retirar 4.000 anuncios. Mientras tanto, el ministerio reclamaba al Ayuntamiento de Madrid que cerrase los 15.200 pisos turísticos ilegales de la ciudad.

En alquiler tradicional, Consumo abrió expediente a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra inquilinos, que terminó en una multa de 3,6 millones. Fue una sanción que, como analizaba El Salto, rompe la sensación de impunidad del sector. Le siguieron otro expediente a una gran inmobiliaria por cláusulas abusivas y otro a un portal inmobiliario, con aviso a las plataformas de que vigilará el cumplimiento del nuevo decreto de vivienda. Ya como propuesta de partido, Sumar plantea un impuesto del 25% a la reventa especulativa de viviendas compradas hace menos de dos años.

Consumidores frente a las grandes empresas

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La sanción más mediática fue la de 179 millones a cinco aerolíneas low cost por cobrar el equipaje de mano. Ryanair respondió amenazando con subir precios e incluso disfrazando al ministro de payaso en una campaña. Ojo: el caso sigue pendiente en la Audiencia Nacional.

Cada noviembre, el ministerio despliega la mayor campaña contra prácticas abusivas en Black Friday, vigilando falsas rebajas, patrones oscuros y ventas bajo presión. Y no se queda en avisos: ya ha multado a Carrefour, MediaMarkt y PcComponentes por falsas rebajas, sanciones que la justicia ha avalado.

En el terreno legislativo, han salido adelante la Ley de Atención al Cliente, que acaba con las esperas eternas al teléfono, y la ley contra las llamadas spam. Tras la DANA, el Gobierno prohibió a las funerarias subir precios, una medida que después se amplió a cualquier situación de emergencia.

Juego y apuestas

Consumo multó a Codere y otros 25 operadores con más de tres millones. También sancionó con 750.000 euros TheGrefG por rifar un coche de lujo, y coordinó con ocho países europeos la vigilancia de las apuestas durante el Mundial. Lo que no salió fue la prohibición de las cajas botín a menores en los videojuegos. Se quedó en una campaña de concienciación.

Alimentación y publicidad

El ministerio de Bustinduy excluirá ultraprocesados y bebidas azucaradas de desayunos y meriendas en los colegios. Además, regulará la calidad de la comida en hospitales y residencias. En publicidad, la ley de consumo sostenible equipara la gasolina al tabaco y busca vetar los anuncios de vuelos cortos y coches contaminantes. También quiere obligar a que la publicidad que vende con miedo incluya estadísticas del riesgo real.

Palestina

Bustinduy mantuvo la ayuda a la UNRWA pese a las presiones para pararla. Además, exigió a siete plataformas retirar sus alojamientos en territorio palestino ocupado y logró que se eliminaran más de 108 anuncios.

Lo que queda pendiente

La Ley de Familias incluye la ayuda de 100 € al mes por crianza y el reconocimiento de las familias monoparentales. El Gobierno la aprobó en febrero de 2024, pero sigue atascada en el Congreso a base de prórrogas del plazo de enmiendas.

Fuentes del capítulo

Dependencia y discapacidad

Vivienda

Consumidores frente a las grandes empresas

Juego y apuestas

Alimentación y publicidad

Palestina

Pendiente